Acefam urge un plan de reactivación claro, transparente y que cuente con el sector privado

La agilidad, la claridad y la transparencia por parte de la Administración son tres atributos recurrentes en la batería de medidas urgentes que propone el informe de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) para abordar la crisis derivada del Covid-19. Estas propuestas, elaboradas en línea con las planteadas por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) en coordinación con sus Asociaciones Territoriales, demandan que la Administración colabore con los empresarios y tenga en cuenta a todos los sectores de la economía en el plan de salida de “una situación económica muy deteriorada”.

Ante un escenario en el que más de la mitad de las empresas han visto afectada seriamente su actividad, sus beneficios y empleo -y en el que no se espera una recuperación de los niveles anteriores en el corto plazo- la mayor parte de las compañías valoran como “insuficientes” las medidas adoptadas por el momento, siendo las líneas de financiación y el ajuste de empleo las consideradas más relevantes. Ante la necesidad de una reacción más ágil y contundente, Acefam propone un pacto nacional y un calendario progresivo diferenciado coordinado con los gobiernos autonómicos y que actúe desde varios frentes.

En el ámbito laboral, las empresas reclaman como prioridad agilizar la tramitación de los ERTEs para garantizar su efectividad, así como ampliar su duración como mínimo durante tres meses después de levantado el confinamiento, con el fin de acompasar la reincorporación gradual de los trabajadores y la asunción de los costes laborales por las empresas. Asimismo, piden identificar y relanzar de manera inmediata los sectores más damnificados (construcción, turismo, hostelería, automoción…) a través de medidas de choque como la exoneración temporal de impuestos hasta fin de año, la aplicación de IVA superreducido y la exoneración de impuestos de matriculación y rodaje.

Igualmente urgente se considera la intensificación de las medidas destinadas a generar liquidez para las empresas. En este sentido, Acefam plantea opciones concretas y que considera viables como la suspensión de los pagos a cuenta de los impuestos, las transferencias de liquidez inmediatas por parte del Estado (AEAT), el abono inmediato de las facturas por parte de las administraciones, el rescate anticipado de fondos de pensiones sin penalización hasta fin de año o la reducción de la presión fiscal a través de la suspensión del pago de las cuotas a la Seguridad Social e impuestos.

En el medio y largo plazo, el informe de las empresas familiares solicita a la Administración, en esencia, transparencia, claridad y la generación de confianza para hacer frente al actual estado de incertidumbre. Estos valores deberían ponerse en práctica a través de un calendario para la desescalada en función de sectores y territorios, donde se adapte la exigencia de las medidas de seguridad a cada escenario atendiendo a criterios científicos. Para cumplir con el mismo manteniendo la seguridad en los centros de trabajo las empresas solicitan la elaboración de un Protocolo de actuación, subvenciones para los Planes de Prevención de Riesgos Laborales, permiso para la realización tests de diagnóstico entre los empleados y una información fiable sobre la proporción de la población que ha generado anticuerpos que ayude a tomar decisiones para reavivar el sector servicios (turismo, hostelería, restauración, etc).

Acefam también ve imprescindible que el Gobierno les provea de seguridad jurídica y simplificación administrativa, evitando decisiones que generen contingencias fiscales, financieras o laborales y manteniendo la actividad de las administraciones públicas para aligerar los procesos burocráticos derivados de la crisis (ERTEs, avales y alquiler), así como los relacionados con la licitación de la obra pública, la inversión, la apertura de negocios y la creación de empleo. En este sentido, los empresarios hacen hincapié en la importancia de implementar un silencio administrativo positivo.

Por último, el informe señala que debe trabajarse la confianza mediante el incentivo a la inversión. Para ello se propone la inversión gubernamental en la industria nacional, con el fin de asegurar el suministro básico ante posibles problemas de abastecimiento, la libertad de amortización para las nuevas inversiones ejecutadas en 2020, 2021 y 2022, o la libertad de deducción de los bienes para los próximos cinco años, teniendo en cuenta que muchas empresas van a cerrar este ejercicio en pérdidas.

Se trata, en conclusión, de una serie de medidas coherentes que involucren al sector privado como parte fundamental de la solución a esta crisis, situando en concreto a la empresa familiar como agente conciliador, motor generador de empleo, base del futuro y fuente de ingresos públicos. Un plan de acciones para volver a la normalidad que salvaguarde y la salud y seguridad de la población al tiempo que genere ilusión y confianza, tanto a las empresas como en los trabajadores. Una llamada a la unión y el compromiso ante una crisis que afecta a todos.